La Delegación del Gobierno restringe arbitrariamente nuestro derecho de reunión


Previa la correspondiente comunicación a la Delegación del Gobierno, la Plataforma «Imagina un bulevar» convocó a los vecinos y vecinas de los barrios afectados por el tramo urbano de la autopista A-66 y a toda la población ovetense preocupada por la calidad de vida de su entorno a participar el viernes día 14 de junio en un paseo popular por la autopista, que el propio Ayuntamiento como una vía urbana más. En el recorrido las personas participantes tendrían ocasión de comprobar «in situ» los efectos negativos de esta infraestructura (contaminación acústica y atmosférica, segregación de barrios), imaginar el potencial del área para albergar múltiples usos ciudadanos, y disfrutar de perspectivas inéditas de la ciudad. Pues bien, el día 5 de junio la Delegación del Gobierno en Asturias comunica que la Policía Local de Oviedo ha informado que esa convocatoria supondría «un grave trastorno tanto para el tráfico peatonal como para el rodado, en especial, para las líneas urbanas e interurbanas de trasporte colectivo y, por todo ello, con potenciales efectos en la seguridad vial», por lo que requiere a la Plataforma que comunique si acepta un trazado alternativo  o bien propone otro diferente, advirtiéndonos que, si se reitera el recorrido inicialmente anunciado, será modificado unilateralmente por la Delegación del Gobierno (ver texto completo aquí).

Esta actitud de la Delegación del Gobierno constituye una limitación injustificada y arbitraria de un derecho constitucional, el derecho de reunión, cuyo ejercicio está regulado por una ley orgánica, la 9/1983, de 15 de julio. El
trastorno para el tráfico peatonal y el rodado que alega la Policía Local en su informe no está contemplado en el artículo 10 de esa Ley como motivo que faculte a la autoridad gubernativa a modificar el itinerario de la manifestación. Según este artículo, únicamente en caso de que «existan razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes» (algo bien distinto a un atasco de tráfico), podrá la autoridad gubernativa prohibir o modificar el itinerario. Estamos hablando de un derecho fundamental que no puede limitarse con razones tan poco consistentes. Evidentemente cualquier manifestación provoca trastornos en el
tráfico, pero el trabajo de la Policía es minimizarlos y garantizar la seguridad vial. ¿Acaso las huelgas del transporte público, que pueden durar no dos horas como nuestro paseo, sino semanas, no producen graves trastornos? ¿Deberían ser prohibidas por ello?

Ante esta situación, después de presentar un escrito de respuesta a la Delegación del Gobierno, la Plataforma decidió desconvocar provisionalmente el paseo popular y trasladarlo sin modificación del recorrido inicialmente previsto a una fecha aún sin determinar, una vez que se celebre una próxima reunión con la Policía Local.

Las movilizaciones en la calle continúan contra viento y marea

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Un Comentario

  1. Pablo Blanco

    Puede que eso signifique que ante de preocuparse por un vial, hay que preocuparse por todo el estado de derecho

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